La expropiación de tierras en Puebla, bajo el discurso de la justicia social y el desarrollo urbano es una farsa. Ha sido históricamente un instrumento de despojo, especulación y corrupción. El actual conflicto entre el gobierno estatal y Grupo Proyecta no es un episodio aislado, sino la continuación de un esquema sistémico de apropiación del espacio público para destinarlo a intereses privados.
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, ha colocado sobre la mesa una amenaza de expropiación que, en su superficie, pretende presentarse como una acción de justicia social. Grupo Proyecta, el conglomerado inmobiliario que ha dominado la urbanización en la zona de Angelópolis, ha sido emplazado a donar dos hectáreas para la construcción de viviendas destinadas a la Policía Estatal. En caso de negativa, el gobierno procederá con la expropiación de cuatro hectáreas. Pero, ¿se trata realmente de un acto de restitución o de una maniobra encubierta?
La historia de Angelópolis es una crónica de despojo y especulación. Desde la administración de Mariano Piña Olaya (1987-1993), las tierras ejidales de San Andrés y San Pedro Cholula han sido absorbidas por un modelo de urbanización que poco o nada ha respetado los derechos de los campesinos originarios. Bajo el amparo de expropiaciones simuladas, donde nunca existió un decreto legal de utilidad pública ni una indemnización justa conforme al artículo 27 constitucional (de aquel entonces), los predios fueron adquiridos a precios irrisorios de entre 4 y 21 pesos (hoy centavos) por metro cuadrado . Hoy, esas mismas tierras se comercializan en dólares, consolidando un mercado inmobiliario elitista.
El avance de la especulación en Angelópolis no es resultado de un desarrollo urbano planificado, sino de una red de corrupción que involucra a empresarios y funcionarios. Desde Manuel Bartlett Díaz (1993-1999), pasando por Melquiades Morales (1999-2005) y Mario Marín Torres (2005-2011), hasta Rafael Moreno Valle (2011-2017), el patrón se ha repetido: ampliaciones de la zona urbanizada, venta de predios expropiados y ejecución de obras con sobrecostos financiados por deuda pública.
El problema radica en que el argumento del gobernador Armenta Mier para esta expropiación no resiste un análisis profundo. Si la intención fuera realmente construir viviendas para los cuerpos de seguridad, ¿por qué elegir el polígono más caro de Puebla? La realidad es que, independientemente de si Grupo Proyecta cede las dos hectáreas exigidas o el gobierno expropia cuatro, el destino final de esos terrenos no será el que se ha anunciado. En su lugar, surgirán nuevos desarrollos comerciales y habitacionales, repitiendo el patrón de despojo y especulación de las últimas décadas.
La Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl, expropiada en 1992 bajo el mandato de Luis Donaldo Colosio en la SEDESOL, habría de ser un modelo de desarrollo equitativo, con vivienda popular, hospitales, escuelas y un parque metropolitano. Sin embargo, los intereses político-económicos de los gobernadores en turno transformaron este proyecto en un enclave de exclusividad y lujo, donde el acceso a la vivienda está reservado para las clases más acomodadas.
Los sucesivos gobiernos, desde Tony Gali, Miguel Barbosa incluso Sergio Salomón Céspedes, han perpetuado la fragmentación y privatización del suelo en Puebla. La expropiación es solo una herramienta más en este engranaje, donde la noción de "justicia social" es un disfraz para justificar la re-apropiación de terrenos.
En última instancia, el conflicto en Angelópolis no es una cuestión de viviendas para policías, sino de cómo el suelo urbano es utilizado como moneda de cambio para proyectos que terminan como iniciativas de exclusión y desigualdad promovidas desde el poder público. El escándalo actual en Puebla es sólo un reflejo más de la connivencia entre poder político e intereses inmobiliarios, donde las decisiones de expropiación no responden a las necesidades de la población, sino a la lógica especulativa (encubierta o no) de un mercado que ha convertido la tierra en un botín para unos cuantos.
Pero no adelantemos vísperas. No se trata de un tema de dos o cuatro hectáreas. Hablamos de millones y millones de dólares, a precios corrientes. Por tanto, demos tiempo al tiempo para ver quién, o quiénes, serán los nuevos “dueños” de Puebla al amparo del poder público.
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