Han pasado tres semanas desde que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) quedó paralizada por un movimiento estudiantil. El paro ha dejado de ser un asunto meramente académico o de mejoras en la infraestructura y se ha convertido en un terreno de disputa política.
Puebla de Zaragoza, Pue.- Machete en mano, el gobernador Alejandro Armenta Mier corta maleza y, después, nuevamente señala la injerencia de la organización Antorcha Campesina en la BUAP. Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum expresara en su conferencia mañanera que su gobierno respeta la autonomía de la BUAP y su deseo de que el diálogo imperara para resolución del conflicto, el gobernador Armenta ha insistido en que su gobierno no intervendrá para liberar Ciudad Universitaria a menos que la BUAP lo solicite.
Consciente de los riesgos de una intromisión, el mandatario ha reiterado su respeto por la autonomía universitaria, alineándose con la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha instado a que la comunidad resuelva sus propios conflictos sin la imposición del Estado.
"No me atrevería a enviar cuerpos de seguridad", comentó Armenta, en un intento de alejar cualquier sospecha de represión contra el movimiento. Sin embargo, su discurso no está exento de contradicciones, pues mientras promete mantenerse al margen, al mismo tiempo reiteró que Antorcha Campesina está operando detrás del paro.
La acusación del gobernador no es menor. Antorcha Campesina ha sido señalada históricamente por su capacidad de infiltrarse en sectores estratégicos, desde mercados hasta el transporte público y las normales rurales. Armenta sostiene que su gobierno tiene pruebas de la participación de la organización en el conflicto universitario y, aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) es la responsable de investigar, el mandatario ha dejado en claro su postura: "Lo digo contundentemente: Antorcha Campesina tiene intereses en la BUAP".
A pesar de estas declaraciones, ni la organización ni los estudiantes en paro han aceptado la existencia de vínculos. De hecho, los manifestantes han insistido en que su movimiento es legítimo y responde únicamente a demandas estudiantiles, sin la manipulación de grupos externos. No obstante, dentro de la comunidad universitaria se han alzado voces que advierten sobre la presencia de actores ajenos a la institución, incluyendo grupos de choque o "porros".
Mientras el gobernador mantiene su postura de no intervención directa, la crisis universitaria sigue escalando. La negativa de Armenta a ordenar una acción estatal para resolver el conflicto podría interpretarse como un respeto a la autonomía universitaria, pero también como una forma de evitar el costo político de una decisión impopular.
Armenta insiste en que cualquier violación al derecho a la educación debe ser sancionada, pero hasta ahora la única acción visible ha sido la denuncia pública, sin consecuencias jurídicas claras.
El paro en la BUAP ha dejado de ser solo un problema interno de la universidad y se ha convertido en un espejo de las tensiones políticas y sociales de Puebla. La comunidad universitaria sigue esperando soluciones. Mientras tanto, el gobierno estatal navega entre el discurso de la autonomía y la acusación de manipulación política liderada por "los antorchos".
El dilema de Armenta es evidente: si el Estado interviene, se le acusará de represión; si no lo hace, se corre el riesgo de que grupos de poder ajenos a la universidad tomen el control del movimiento encareciendo la resolución del conflicto.
En cualquier escenario, lo que está en juego no es solo la resolución de un paro estudiantil, sino la capacidad del gobierno y de la propia universidad para defender la verdadera autonomía, esa que debería garantizar el derecho a la educación sin intereses ocultos de por medio.
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