Delitos e inseguridad en Puebla: se vive el periodo más violento con Armenta

Mientras el gobernador Alejandro Armenta insiste en que la violencia va a la baja en Puebla, los datos oficiales muestran lo contrario: el estado vive hoy su periodo más violento en años, con una curva delictiva en ascenso y una ciudadanía cada vez más vulnerable.

Región Global / Mexconomy — Cuando Alejandro Armenta asumió el gobierno de Puebla el 14 de diciembre de 2024, prometió encabezar una nueva etapa de seguridad para el estado. Sin embargo, a poco más de medio año de gestión, los resultados contrastan con su narrativa. Aunque el mandatario asegura que los delitos han disminuido, las cifras de la Fiscalía General del Estado y del INEGI cuentan una historia distinta: la violencia no sólo persiste, sino que se ha profundizado.

De acuerdo con datos oficiales, entre enero y noviembre de 2024, en el periodo inmediatamente anterior a Armenta, se registraron en promedio 6,627 delitos mensuales. Si bien esta etapa mostraba ya una tendencia al alza, fue durante los primeros seis meses del nuevo gobierno cuando el estado alcanzó su punto más crítico. Entre diciembre de 2024 y junio de 2025, el promedio mensual subió a 6,922 delitos, es decir, 295 delitos más cada mes. El pico llegó en marzo de 2025, con 7,429 delitos: la cifra más alta registrada en los 18 meses analizados.

Estos datos reflejan tres hechos contundentes. Primero, la tendencia general es ascendente, sin interrupción tras el relevo en el poder. Segundo, los meses más violentos han ocurrido bajo la actual administración. Y tercero, no hay evidencia estadística que indique una reversión o siquiera una contención de la violencia. La línea de regresión lineal —instrumento básico de análisis de tendencias— lo deja claro: la pendiente sigue apuntando hacia arriba.

El discurso oficial, por tanto, resulta problemático en múltiples niveles. Decir que los delitos "han bajado" es, matemáticamente, falso: el promedio mensual de crímenes creció un 4.4% con Armenta. Desde una perspectiva estadística, seis meses son insuficientes para afirmar un cambio estructural. Y en términos contextuales, el periodo ha coincidido con los episodios más críticos de violencia reciente.

La población no es ajena a esta realidad. De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, la percepción de inseguridad en Puebla pasó del 76.7% en junio de 2024 a 84% en junio de 2025. Un salto de 7.3 puntos porcentuales que no puede explicarse únicamente desde la percepción: se trata de una respuesta racional ante un deterioro palpable en el entorno.

Mientras tanto, la clase política repite cientos de veces al día el gesto de formar corazoncitos con las manos y agrega la palabra seguridad a cada acción gubernamental, por superficial que sea, sin enfrentar el fondo del problema. El gobernador se recarga en la narrativa de sus antecesores; la oposición guarda silencio. Por eso, el debate sobre la incidencia delictiva no se da entre proyectos políticos, sino entre el oficialismo y una ciudadanía que enfrenta la violencia en carne propia. Más allá del reparto de culpas, los datos evidencian una continuidad en el deterioro, más que una ruptura o mejora. Ni el interinato de Sergio Salomón Céspedes ni el inicio de la administración de Armenta lograron cambiar el rumbo.

En este contexto, Puebla necesita mucho más que control de daños mediático. Se requiere una estrategia de seguridad basada en evidencia empírica, planificación territorial, fortalecimiento policial y prevención social del delito. No hay solución posible si los datos se ignoran o se tergiversan para sostener una narrativa de éxito inexistente.

Cada mes, en promedio, hay más delitos que el anterior. Cada trimestre, la percepción ciudadana de inseguridad crece. Cada informe oficial reafirma la misma curva ascendente. El problema no es solo de violencia, sino de honestidad política. Sin ella, la inseguridad seguirá siendo una herida abierta que ningún discurso podrá ocultar.