El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, advirtió que la intervención de actores políticos en el conflicto de la BUAP podría traer consecuencias legales. "No se va a permitir que grupos externos se adueñen de la universidad", afirmó. 🎓⚖️
Puebla de Zaragoza, Pue.- A poco más de dos semanas del inicio del paro estudiantil en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la disputa ha escalado a un nivel en el que la política y la autonomía universitaria chocan de manera frontal. Mientras las autoridades universitarias buscan negociar con los estudiantes, el gobierno del estado ha intervenido con una postura firme, señalando la posible injerencia de grupos externos con intereses ajenos a la educación.
La mañana de este miércoles, el gobernador Alejandro Armenta Mier fijó la postura del gobierno estatal ante la crisis. En un discurso contundente, el mandatario acusó a la organización Antorcha Campesina de intervenir en el conflicto y advirtió que su gobierno no tolerará intentos por desestabilizar la BUAP.
“Lamento que Antorcha Campesina esté metida en este conflicto. ¿No tienen bastante trabajo con sus gasolinerías, restaurantes, constructoras y parques recreativos? ¿Ahora también quieren hacer de la universidad una de sus franquicias? La BUAP no es un botín político, y mucho menos será un espacio para chantajes disfrazados de movimientos sociales", sentenció Armenta con evidente molestia.
El gobernador enfatizó que el gobierno del estado está plenamente informado sobre las actividades y el modus operandi de esta organización. "Que sepan que sabemos todo. Sabemos cómo operan y con qué fines se están infiltrando en este conflicto. La educación de los jóvenes no puede ser secuestrada por grupos que lo único que buscan es el poder y el control económico", afirmó.
El conflicto en la BUAP ha colocado en el centro del debate un tema fundamental: la autonomía universitaria. Si bien el gobernador enfatizó que la universidad debe resolver sus problemas internos sin injerencias externas, también dejó en claro que el gobierno estatal no será omiso ante violaciones a la Constitución.
"La manifestación de las ideas es un derecho, pero cuando se afecta el derecho de terceros, se rompe el orden constitucional. El artículo sexto de la Constitución es muy claro: la libertad de expresión no puede vulnerar el derecho de los estudiantes a la educación", afirmó.
Armenta también advirtió que la toma de instalaciones podría considerarse un delito grave: "Si alguien impide el acceso a la educación o retiene a un maestro en un aula, estamos hablando de secuestro. Eso no se puede permitir".
El gobernador también señaló que la crisis en la BUAP ha trascendido el ámbito universitario, convirtiéndose en un problema de gobernabilidad. Por ello, solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar la posible participación de actores políticos en la toma de facultades. "Si se encuentran elementos que configuren delitos, la Fiscalía tendrá que actuar. No podemos vivir en un estado de anarquía", sentenció.
Si bien el gobierno estatal reconoció la legitimidad de las demandas estudiantiles, Armenta dejó claro que no permitirá que la universidad se convierta en un instrumento de presión política. "Los estudiantes tienen derecho a protestar, pero no pueden afectar el acceso a la educación de más de 100,000 universitarios. ¿Eso es lo que quieren?", cuestionó.
El gobernador insistió en que la única vía para resolver el conflicto es el diálogo. “Yo soy universitario, egresado de la BUAP, y lamento lo que está sucediendo. Pero no se va a permitir que grupos políticos secuestren la educación", agregó.
Mientras tanto, la Comisión Institucional de Diálogo de la BUAP continúa con mesas de negociación en Ciudad Universitaria, logrando avances en facultades como Medicina, Estomatología, Contaduría y Derecho. No obstante, sectores estudiantiles aún rechazan la negociación, lo que mantiene el conflicto en una encrucijada.
El gobierno de Puebla ha trazado una línea clara: respetar la autonomía universitaria, pero sin permitir que la crisis se convierta en un pretexto para agendas políticas externas. Con la FGE investigando y la universidad intentando restablecer el orden, el desenlace de este conflicto aún está por definirse.
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